La escena educativa argentina está cambiando a velocidad luz. Lo que hasta hace pocos años era futurismo hoy es parte de la rutina escolar: la Inteligencia Artificial (IA) está siendo utilizada por una mayoría de estudiantes, docentes y equipos administrativos, sin que exista una normativa clara que defina el cómo. Un informe reciente -del colectivo Argentinos por la Educación, junto con investigadores del MIT- revela que el 66% de los estudiantes argentinos utiliza IA para estudiar, y que la familiaridad con estos recursos ya supera el conocimiento de sus implicancias pedagógicas y éticas.
Este dato no debería sorprendernos: la tecnología ingresa por el dispositivo más extendido entre chicos y chicas -el celular- y se mete en cada actividad cotidiana. Sin embargo, el debate que se instaló en Tucumán en los últimos meses sobre el uso de estos dispositivos en el aula no surgió por motivación pedagógica sino por cómo limitar sus distracciones. La reciente Ley Provincial N° 9.852 estableció que los celulares sólo pueden usarse con fines pedagógicos o ante emergencias, pero la aplicación concreta varía entre escuelas y niveles educativos. En algunas instituciones de la Capital se limita el uso del celular al secundario; en otras, la norma se interpreta con criterios disciplinarios rígidos que generan tensiones con familias y docentes.
El conflicto político tampoco tardó en surgir: contrapuntos entre autoridades educativas y legisladores muestran que el foco fue antes prohibir que enseñar a usar estas herramientas. Este fenómeno tiene una lectura más amplia: prohibir es más fácil que regular. Pero una regulación seria -que contemple tanto los riesgos como las enormes oportunidades de las tecnologías inteligentes- requiere análisis, diálogo con expertos y formación docente. Y eso implica tiempo, inversión y voluntad política.
La IA no es un juguete ni un intruso: es una herramienta educativa que puede mejorar los procesos de aprendizaje, personalizar contenidos, asistir a alumnos con dificultades y facilitar tareas administrativas. El informe que reveló el uso masivo de IA señala también los retos éticos y pedagógicos de esta expansión: desde el riesgo de sustitución del pensamiento crítico hasta la necesidad de supervisión humana en su uso.
Se enfrenta una evidente paradoja: mientras se discute si los celulares se pueden usar o no en el aula, la IA ya está ahí, en las manos de los alumnos y de los docentes, transformando la escuela sin reglas claras. Enseñar a escribir, leer, resolver problemas o pensar críticamente ya no puede desligarse del contexto digital en el que nacieron y se desarrollan nuevas generaciones.
El desafío urgente es promover políticas educativas que integren el uso de la IA con un enfoque ético y pedagógico sólido. No sirve legislar desde atrás, con respuestas reactives a los problemas del momento. Se debe decidir qué tipo de alfabetización tecnológica queremos para nuestros estudiantes, cómo formamos a los docentes en estas nuevas competencias y de qué manera el Estado brinda parámetros claros para que todos, desde el equipo de dirección hasta el personal administrativo, puedan aprovechar estas herramientas con responsabilidad. La escuela ya usa IA. El desafío es dar un marco normativo y ético que potencie su uso y no la margine a la clandestinidad.